Opinión

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Estancia Grande y el modelo
latifundista de los Rodríguez Saá

FUENTE: Cróniocadesanluis
Por Esteban Jofré

Estancia Grande es el más claro ejemplo de cómo la opulencia y el poder político se impone por sobre las historias y las costumbres de un puñado de familias que viven en el lugar desde que era apenas monte y viento. El Gobierno decretó expropiar, a secas, 220 hectáreas y 3600 metros de terreno sin examinar ningún caso en particular, ni interesarse como viven los que ahora se tiene que ir. La Justicia, que a veces es como las serpientes porque sólo muerde a los descalzos -como apunta brillantemente Eduardo Galeano-, ordenó completar el desalojo de las seis familias que se resisten a perder sus tierras y lo que sus manos hicieron trabajando.
Las “ocupaciones son necesarias para el progreso”, aclamaron desde una solicitada -publicada en El Diario de la República-, un grupo de “personalidades” que tienen campos y casas en la zona y que no se ven afectados por las confiscaciones gubernamentales. Detrás del “progreso” al que aluden los vecinos “bien” de Estancia Grande, se proyecta un fabuloso negocio inmobiliario en una zona sobrada de recursos naturales.
Y mientras las seis familias imploran que cesen las presiones por sus casas, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá bendice campeonatos de polo y le inyecta millones de pesos al presupuesto que maneja su soldado Ricardo Videla, devenido en delegado normalizador y denunciado penalmente por los Escudero por amenazas al estilo far west: “Si no me vendés, te expropio”, le dijo a Mario Escudero en una de las visitas a su campo La Camila, uno de los últimos bastiones que resiste el embate de las topadoras.
Don Escudero tiene casi 70 años y sufre del corazón. Hace nueve días recibió la notificación de la jueza Alicia Rodríguez que lo ordena desalojar para hoy su campo. El escrito se le dio el juez de Paz del Trapiche. Lo escoltaban sus asesores y dos patrulleros policiales. “Saben que a mi padre le afecta todo eso, como también le afecta que le hayan expropiado la propiedad a Fiorito y como esa propiedad está pegada al campo nuestro metieron las máquinas y equipos y han construido un mirador por sobre las Sierras que queda por detrás de la vivienda nuestra. Qué necesidad tenían de hacer eso, de romper la vegetación, de destruir la flora nativa”, reclamó Mario Escudero (h).
La decisión de la magistrada del Juzgado Civil Nº 2 fue incluida en la agenda periodística de la mayoría de los medios de comunicación de la Provincia porque los Escudero llevan una denodada resistencia desde que comenzaron las presiones del poder. Recorrieron juzgados, encabezaron charlas informativas en la Universidad Nacional de San Luis y en la Plaza Pringles con un importante apoyo de la ciudadanía y hasta armaron una carpa frente al Poder Judicial.
Como se suponía, ni la lucha de los Escudero ni de las otras familias tuvieron lugar en las dos empresas de comunicación que sostiene el Estado provincial: Canal 13 y El Diario de la República. No obstante, tanto el canal de la televisión como el matutino saaísta se refirieron al presente de Estancia Grande pero desde un enfoque burgués: llenaron la agenda con campeonato de polo que se construyeron en hectáreas cedidas por la municipalidad y hasta se dieron el lujo de publicar una nota de la presidenta de la Asociación de Polo, Patricia Sirabo, que decía que “esto era una montaña con un chivo en la punta”.
Algo de razón tenía la mujer. El Gobierno logró estrenar tres magníficas canchas escalonadas con diferencia de altura de 25 metros en menos de ochos meses. Para eso debió realizar un imponente movimiento de tierra, que, sumado el resto del terreno, totalizó casi 500.000 m3. Se debió reubicar una línea de alta tensión y desviar un acueducto que pasaba a por lo menos 80 metros para contar con agua, según publicó un informe del Diario La Nación.
El relato del matutino porteño es más pormenorizado y hasta asegura que en el lugar se construirá una pista de aterrizaje para que lleguen con comodidad los turistas, empresarios y jugadores. Francisco Dorignac, ex jugador de 10 goles de handicap, dos veces presidente de la Asociación Argentina de Polo y creador de este certamen en 1987, es el consultor para la realización del proyecto. Se contrató al ingeniero Alejandro Battro, el más prestigioso hacedor de canchas, y al arquitecto Hernán Elizalde, asesor del country Tortugas, y se encomendó la obra a la constructora local Rovella Carranza.
Hay 60 corrales, grandes comodidades para petiseros, maquinaria. Y bastante arena, como para garantizar que se pueda jugar pese a eventuales lluvias, algo muy valioso para los extranjeros que vienen a pegarle a la bocha y se frustran cuando deben dejar el país sin haberlo hecho por culpa del clima. El emprendimiento, que más adelante tendrá un cuarto campo de juego, un hotel y hasta una pista de aterrizaje en el country o barrio cerrado que habrá allí. Nadie sabe cuanto gastó el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, aunque se sospecha que la cuenta tiene un piso de de 12 millones de pesos.
Cancha de polos para algunos, expropiaciones y policía para otros, justamente para los que menos recursos económicos tienen. Al final, Isfrán en Formosa no inventó nada. “Del campo no nos vamos a ir porque este es un proceso ilegal, ilegítimo y la jueza curiosamente nada dice del decreto expropiatorio, de la inconstitucionalidad, ni dice si la municipalidad pudo probar la utilidad pública de las obras, ni los avances”, dijo Escudero. La lucha recién empieza.