El Frente Juntos por San Luis difundió su propio dictamen

Conclusiones de la Comisión de “Análisis, Diagnóstico y Propuestas para el Fortalecimiento Institucional de la Provincia de San Luis
Con la presencia del Bloque de Legisladores Provinciales y los principales referentes políticos, el Frente Juntos por San Luis dio a conocer este lunes su propio dictamen sobre el trabajo de la llamada Comisión de Reforma Política, considerando “ineludible una reforma constitucional y una revisión de leyes y normas que permitan alcanzar una mejora en la calidad institucional y democrática en la provincia de San Luis”.
El presidente de la UCR, Walter Cevallos, recordó que “hace un año, más precisamente el 7 de diciembre de 2007, los integrantes de este frente Político, propusimos públicamente que era necesario llevar adelante una Revisión del Sistema Institucional y Político del Gobierno puntano. A partir de allí, el oficialismo aceptó llevar adelante la creación de una comisión especial para que recabara la opinión de las instituciones y ciudadanos que quisieran aportar su punto de vista sobre el funcionamiento de dicho sistema y eventuales reformas para su mejoramiento. Esa tarea ha concluido con un importantísimo grado de participación, que deja un legado de visiones para mejorar el Sistema Institucional de San Luis”.
Agregó que “cada uno de los actores responsables ha cumplido con este primer paso necesario para proyectarnos a construir una mejor Calidad Institucional y Ciudadana para todos los Puntanos”, sosteniendo que resulta “impostergable la necesidad de Convocar a una Convención Constituyente que revise los puntos normativos de nuestra Carta Magna Prov., que han sido motivo de opinión en el desarrollo de la tarea realizada por Instituciones y Ciudadanos, los cuales conjuntamente a la tarea responsable de los Legisladores, nos permiten tener la Base de opinión participativa para impulsar dicha Reforma Constitucional”.
Por su parte el presidente de la bancada, Pedro Risma, agradeció “a todos los sectores, instituciones y partidos políticos que participaron de las audiencias y efectuaron su aporte, en pos de conseguir mejorar el funcionamiento de las instituciones de nuestra provincia”, agregando que por eso también “se convierte en un mandato ciudadano las propuestas de revisión de la normativa legal para alcanzar un mejor funcionamiento de las instituciones y la convivencia ciudadana de los Sanluiseños”.
Por su parte, el diputado Eduardo Gargiulo tuvo a su cargo reseñar los aspectos centrales del dictamen que suscribió el Frente Juntos por San Luis, agregando que “esta comisión fue creada por ley, y la misma estipuló un plazo que feneció el pasado 25 de noviembre. Más allá de las versiones periodísticas sobre que el oficialismo ha postergado todo para el 2009, le exigimos que cumplan con la ley e informen sus conclusiones”.
“No tenemos ningún derecho -agregó en referencia al gobierno- a dar la espalda a las presentaciones y propuestas que han efectuado casi 130 sectores institucionales y políticos de nuestra provincia, que demandan una reforma en serio que permita mejorar el funcionamiento de las instituciones. Por eso es que nuestro dictamen hace suyo el informe completo que elevó la comisión técnica integrada por los doctores Gustavo Ortiz, Fernando Aostri y Alejandro Cacace”, enfatizó.
Posteriormente, sintetizó los principales aspectos del dictamen, que contiene dos conclusiones:
1) Es ineludible la necesidad de impulsar una reforma constitucional, para modificar numerosos aspectos que tienen directa vinculación con el funcionamiento del sistema institucional.
En ese orden, se anotan las siguientes cuestiones:
-Cambios en el Poder Judicial, para lograr su plena independencia. Forma de selección de jueces. Control concentrado de constitucionalidad de las leyes. Mecanismos de acceso colectivo a la justicia. Juicio por jurados.
-Re-definición de los órganos de control de gestión: Tribunal de Cuentas de la Provincia y Defensoría del Pueblo. Propuestas de creación de órganos más eficientes.
- Derechos humanos: Se presentaron numerosas propuestas tanto de incorporación con rango constitucional de algunos derechos, como la No discriminación o la Inclusión Social, como para hacer más operativos los derechos ya contemplados en la legislación vigente.
-Educación: Se presentaron numerosas inquietudes para cambiar los órganos de conducción de la educación a través de un Consejo Provincial, hacer obligatoria la escuela secundaria, garantizar el perfeccionamiento docente, dar rango constitucional al porcentaje del 23 % del presupuesto, institucionalizar la educación pre-escolar, fijación de políticos para el acceso a los adelantos científicos y tecnológicos, etc.
-Régimen Municipal: Se recomienda analizar los aspectos legales e institucionales que rigen a los municipios para asegurar su plena autonomía, impulsando una modificación del sistema de distribución de recursos a través de la coparticipación y otorgando rango constitucional.
- Sistema de representación política (equilibrio en la distribución de poder e incorporación de las minorías).
- Sistema Electoral y de Partidos Políticos. Implementación de la doble vuelta electoral (ballotage) para elección de cargos ejecutivos, Limitaciones a la reelección (cláusula de parentesco). Eliminación del voto sábana. Inclusión progresiva del voto electrónico. Control del funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos.
- Formación y sanción de las leyes: eliminación de la sanción ficta de las leyes, mayor participación ciudadana en la formación y sanción de las leyes, impedir la delegación de poderes, modificar el período ordinario de sesiones del Poder Legislativo provincial.
2) Más allá de lo antes apuntado, es evidente que un gran número de las reformas necesarias para alcanzar una mejora del sistema abarcan también numerosas leyes que rigen tanto el funcionamiento de los poderes del Estado como la vida en sociedad y su incidencia en general, como ocurre con la educación, la seguridad, los derechos humanos, la participación política, la justicia, los derechos del consumidor, la Defensoría del Pueblo, etc”, indicó Gargiulo.
Finalmente, el diputado provincial Juan José Laborda Ibarra indicó que “nuestra responsabilidad consiste en cumplir con lo que ha demandado la comunidad, a través de las audiencias, que es impulsar una serie de reformas. Por ello es que a nuestro juicio eso se debe hacer a través de una reforma constitucional, que vamos a proponer por medio de un proyecto de ley, pero además modificando ciertas leyes que ya están rigiendo”.
Composición del Poder Legislativo
Antes de la reforma constitucional de 87 en la Provincia, el Poder Legislativo de San Luis estaba compuesto por una Legislatura unicameral de 30 miembros. Sin embargo, a partir de ese año, se introdujo una segunda Cámara a la Legislatura, el Senado, integrada por un miembro elegido por cada departamento.

La Cámara de Diputados, por su parte, fue ampliada a 43 miembros, elegidos directamente por el pueblo de los departamentos.
El número de diputados por departamento, según el artículo 102 de la Const.Prov., debe ser en proporción a la población censada (con un mínimo de dos diputados por departamento y la prohibición de disminuir la representación que cada departamento tenía hasta 1987).
Representación de las minorías

Una gran cantidad de expositores, treinta y uno (31) en total, expresaron sus opiniones y propuestas sobre el sistema de representación política, es decir, la composición del Poder Legislativo y el sistema electoral utilizado para la distribución de bancas.
Casi en sus totalidad, los expositores manifestaron la importancia de que exista una representación política equitativa, en que se incluyan adecuadamente a las minorías. Sin embargo, más allá del objetivo aparentemente común, las propuestas presentadas sobre la composición de la Legislatura han sido muy divergentes.

Unicameralidad o bicameralidad

Cinco (5) expositores (UCR, PALEM, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo, y el Director del Observatorio Interfederal Calógero Pizzolo) plantearon la necesidad de asegurar una representación política equitativa, pero no tomaron una postura definitiva sobre la composición unicameral o bicameral del Poder Legislativo.
La Unión Cívica Radical propuso una serie de principios sobre la composición del Poder Legislativo. Adicionalmente a la representación de las minorías, la UCR consideró que no puede haber un criterio de representación territorial en ambas cámaras, pero que debe existir una distribución geográfica equitativa de la representación parlamentaria, de forma que la asignación presupuestaria de la renta pública procure un crecimiento armónico entre las diversas regiones de la Provincia. En consecuencia, propuso dos alternativas sobre la composición del Poder Legislativo. En caso de regresar a un sistema unicameral, la UCR considera que debe haber un sistema mixto de elección con representantes elegidos por departamento y representantes elegidos por todo el pueblo de la Prov.. En caso de mantenerse el sistema bicameral, la UCR considera que se debe elegir a los diputados de la de manera directa por todo el pueblo de la provincia (a distrito único) y se debe asegurar la representación geográfica igualitaria en el Senado, con integración de la minoría.

Eliminación del Senado

Siete (7) expositores (Partido Frente para la Victoria, Partido Demócrata Cristiano, Partido Dignidad Ciudadana, Movimiento Dignidad Ciudadana y Grupo Programático PODER, el jurista Alejandro Cacace y los ex-legisladores Cándido Assat y Ricardo Sánchez) propusieron la eliminación del Senado y el regreso a un sistema unicameral, fundados primordialmente en el principio constitucional de igualdad de sufragio (“una persona, un voto”) y la idea de que los legisladores deben representar a la población, no a territorios.
Otros adujeron la falta de representatividad de una Cámara donde todos los miembros son del mismo partido político, y como último argumento se encuentra el de celeridad o reducción del gasto.
Cándido Assat propuso volver a la composición de la Legislatura anterior a 1987, con 30 miembros elegidos directamente por los departamentos.
Alejandro Cacace propuso una composición de la Legislatura donde cada legislador represente aproximadamente a la misma cantidad de habitantes o electores, de manera de eliminar el fenómeno de sobrerrepresentación o subrepresentación.
El Partido Frente para la Victoria propuso continuar con la elección de legisladores por departamento, pero con un sistema electoral uninominal que tome a cada departamento como una circunscripción plurinominal (por ejemplo, en el Departamento La Capital, cada candidato se postularía individualmente, y saldrían elegidos los diez primeros en orden de votos).
El Partido Demócrata Cristiano y el Partido Dignidad Ciud. propusieron un sistema mixto de elección dentro de una Legislatura unicameral (con representantes elegidos por departamento y representantes elegidos por todo el pueblo de la Provincia).

Mantenimiento del
sistema bicameral

Catorce (14) expositores se pronunciaron en favor del mantenimiento del sistema bicameral, aunque con distintos fundamentos y diferentes propuestas de composición.

Dos (2) expositores (la Diputada Nacional por la Provincia de Córdoba Laura Sesma y el Vocal del Observatorio Interfederal Marcelo Bernal) hablaron en favor del mantenimiento del sistema bicameral como forma de garantizar el doble control en la sanción de las leyes. Ambos expositores relataron las experiencias de la Provincia de Córdoba, que ha tenido tanto un sistema bicameral como uno unicameral.
Es importante escindir la composición unicameral o bicameral de los orígenes de la representación y las posibilidades de doble control legislativo. El hecho de que el Poder Legislativo sea bicameral, no quiere decir necesariamente que tenga una cámara con representación poblacional y otra cámara con representación geográfica; en realidad, las dos pueden tener representación poblacional o las dos representación territorial. Del mismo modo, una Legislatura unicameral puede tener una representación puramente poblacional, puramente territorial, o una mezcla de ambas.
Lo mismo sucede con la idea del doble control. Puede haber un sistema bicameral con escisión de competencias entre cámaras (cada una tiene poderes distintos o trata temas diferentes), y entonces la sanción requiere de un solo trámite; o puede el sistema bicameral dar un poder de media sanción a cada cámara, como funciona en nuestro modelo para la mayoría de los asuntos.
El doble control se puede también establecer, en los sistemas unicamerales, a través de procedimientos de doble lectura, en los que debe pasar un tiempo entre una primera y segunda sanción, estableciendo divisiones dentro del cuerpo (como suele hacerse para los casos de juicio político, dividiendo una Legislatura en una sala acusadora y otra juzgadora), o a través de ratificación de leyes por referéndum. Todo ello, además, en caso que el doble control sea postulado en efecto como un objetivo a perseguir, ya que el objetivo opuesto es el de la celeridad en la sanción de las leyes.

CONCLUSIONES

Los encargados de
analizar la necesidad de reformar la Constitución para el mejoramiento institucional consideran que antes que nada, hay que realizar cambios en el Poder Judicial, para lograr la plena independencia que debe regir en cualquier estado democrático.