jueves, 24 de mayo de 2012

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  ¡¡Ëramos pocos y la abuela parió mellizos!!





gobierno que recauda el dinero de los contribuyentes se encarga de distribuir en “pauta oficial” una torta descomunal de dinero para sus propias empresas.
Un negocio redondo

Por eso, el mayor –o único- auspiciante de los medios de la familia Rodríguez Saá es el propio gobierno. ¿Cómo hace? Se contrata a sí mismo licitaciones de obras públicas, edictos judiciales, listados de inscriptos y adjudicatarios a planes de vivienda, llamados a concursos para cargos docentes, todo tipo de campañas publicitarias de cada uno de los ministerios…hasta “solicitadas” que hace pagar a quienes necesitan imperiosamente hacer conocer una información a través de único diario papel que hay en la provincia.
Pero, para completar el panorama, las empresas que se adjudican obras públicas entran en el mismo juego, ya que un decreto 937 del año 93, llamado “Pliego General de Bases y Condiciones de toda Obra Pública”, incorporó como obligación a las empresas constructoras adjudicatarias de la obra pública, anexar en el costo de la obra el 0,5% de publicidad en el diario de mayor circulación en la provincia a criterio de la administración. Es decir, como condición para hacer obras en la provincia deben contratar al mismo diario de la familia.

La pauta oficial

El gobierno como todos los organismos que dependen de él, tanto municipios como reparticiones provinciales y hasta el mismo Superior Tribunal de Justicia (ver nota: http://www.sanluisnoticia.com.ar/provincia/2694-la-mejor-defensa-un-buen-negocio.html) hacen una infame distribución de la pauta oficial, ya que el 80% de la “torta” va a parar a los medios que le pertenecen al mismo grupo familiar que ahora maneja a este nuevo gobierno.
Esa iniquidad se da, incluso, en el mismo Superior Tribunal de Justicia, organismo que, mediante la Acordada N° 99 del 2 de abril pasado, resolvió la distribución de pautas publicitaras en los medios: Canal 13 y el Diario de la República tienen un contrato de publicidad durante todo 2012 de más de 25 mil pesos mensuales. Mientras, el resto de los medios, entre radios, canales de televisión y páginas web, cobran, en promedio, entre $800 y $1.200 pesos.
Los más cercano en el tiempo a un intento de hacer equitativa la distribución de la pauta publicitaria se presentó en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes.
El martes 20 de mayo de 2010, los concejales de la oposición presentaron un proyecto para la creación de un marco legal que tienda a la distribución “obligatoria y equitativa” de fondos públicos destinados a publicidad oficial en los medios de prensa.
El proyecto propone la creación de un Registro Municipal de Regulación de la Publicidad Oficial que contemple la confección de un Plan Anual de convenios con medios periodísticos, donde se especifiquen los montos y las empresas contratadas.
Los concejales intentaron que el proyecto sea aprobado sobre tablas, pero el oficialismo negó el apoyo y fue enviado a comisión para que tenga un “pronto despacho”. Pese a ese requisito, aún no ha salido de la comisión de Interpretación y Asuntos Legales.


La pauta oficial

El gobierno como todos los organismos que dependen de él, tanto municipios como reparticiones provinciales y hasta el mismo Superior Tribunal de Justicia (ver nota: http://www.sanluisnoticia.com.ar/provincia/2694-la-mejor-defensa-un-buen-negocio.html) hacen una infame distribución de la pauta oficial, ya que el 80% de la “torta” va a parar a los medios que le pertenecen al mismo grupo familiar que ahora maneja a este nuevo gobierno.
Esa iniquidad se da, incluso, en el mismo Superior Tribunal de Justicia, organismo que, mediante la Acordada N° 99 del 2 de abril pasado, resolvió la distribución de pautas publicitaras en los medios: Canal 13 y el Diario de la República tienen un contrato de publicidad durante todo 2012 de más de 25 mil pesos mensuales. Mientras, el resto de los medios, entre radios, canales de televisión y páginas web, cobran, en promedio, entre $800 y $1.200 pesos.
Los más cercano en el tiempo a un intento de hacer equitativa la distribución de la pauta publicitaria se presentó en el Concejo Deliberante de Villa Mercedes.
El martes 20 de mayo de 2010, los concejales de la oposición presentaron un proyecto para la creación de un marco legal que tienda a la distribución “obligatoria y equitativa” de fondos públicos destinados a publicidad oficial en los medios de prensa.
El proyecto propone la creación de un Registro Municipal de Regulación de la Publicidad Oficial que contemple la confección de un Plan Anual de convenios con medios periodísticos, donde se especifiquen los montos y las empresas contratadas.
Los concejales intentaron que el proyecto sea aprobado sobre tablas, pero el oficialismo negó el apoyo y fue enviado a comisión para que tenga un “pronto despacho”. Pese a ese requisito, aún no ha salido de la comisión de Interpretación y Asuntos Legales.
Entre otras descripciones, el proyecto establece cuáles deberían ser los porcentajes para la distribución de las pautas publicitarias:

- 45% para medios y programas radiales.
- 25% para medios gráficos
- 15% para los medios y programas televisivos.
- 10% para portales electrónicos.
- 5% vía pública y espectáculos.
La propuesta había surgido de los bloques Acuerdo Cívico, Mercedinos por el Cambio, Mocomer y UCR.
Todos estos dirigentes coincidieron en que el uso discriminatorio de la publicidad oficial funciona como un aparato censurador de la libertad de expresión.
Refieren a antecedentes legislativos en provincias que dieron los primeros pasos para regular y controlar la publicidad oficial, como por ejemplo, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán y Misiones.

Con el pie de plomo y la mano de hierro

Mientras no se modifique la distribución de la pauta oficial, el discurso del gobierno seguirá ejerciendo un dominio a voluntad de la opinión pública, al cercenar la posibilidad de aparición y supervivencia de otros diarios que le hagan competencia. Ahora, hay dos periódicos más para engrosar la lista de medios que pertenecen a una misma familia, la que gobierna San Luis desde 1983. El poder continúa así avanzando en la conquista del territorio político, económico e ideológico sin que eso genere el mínimo cuestionamiento. Parió la abuela y todos festejan.

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