Funcionario de Rodríguez Saá estaría vinculado con el escape del represor Duret
El actual director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis, el militar retirado Francisco Casares, podría estar vinculado con la trama que urdió el escape del represor Alejandro Duret –condenado a 15 años de prisión por secuestro y desaparición de persona durante la dictadura 7
- a Chile, según una investigación que apoyan organismos de derechos humanos y se difundió recientemente.* Julia Ruiz Biscontini, presidenta de la Asamblea
de Derechos Humanos de Villa Mercedes: “Tenemos un gobernador que firmó la carta a Massera…de ahí se puede esperar cualquier cosa”.Duret fue condenado a quince años de prisión por la Justicia Federal de Marcos Paz, Buenos Aires, por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad de Néstor Kirchner, en los años del proceso militar.
A principio de este mes, un día antes que la Sala IV de Casación le negara la absolución, Duret escapó a Chile en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con el coronel Héctor Osvaldo Miranda, quien es socio de otro militar retirado, Francisco “Pancho” Casares –designado por Alberto Rodríguez Saá como director del Instituto de Seguridad de la Policía de San Luis- en la empresa de seguridad Kustos.
Según una investigación que fue difundida el 6 de octubre pasado por el diario Página 12, el entramado de vinculaciones que alimentaron las sospechas sobre cómo se enteró Duret de su inminente detención se completa con que Casares es el cuñado del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, pasado a retiro por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, acusado de operar en su contra.
Casares llegó al cargo en el gobierno de San Luis respaldado por otro militar, el coronel ® Guillermo López, quien luego de estar al frente de la Penitenciaría Provincial fue nombrado ministro de Seguridad en noviembre del año 2007. Le tomó juramento el mismo gobernador Alberto Rodríguez Saá.
López fue denunciado por organismos de Derechos Humanos por su vinculación con el Operativo Independencia, cabecera de playa del terrorismo de Estado en 1975 en Tucumán. El coronel solía jactarse entre sus conocidos de “haber combatido en Tucumán contra todos esos zurdos”.
El coronel del Operativo Independencia tuvo como último destino militar el comando de Artillería de San Luis. En esos años trabó amistad con los hermanos Rodríguez Saá. Desde que el gobernador decidió candidatearse a la presidencia en el 2007 afianzó los vínculos con la Unión de Promociones que se acercó a dar su apoyo.
A poco de asumir su función como ministro en San Luis, López cometió uno de los hechos más cruentos que se recuerden en democracia contra los derechos humanos: la violenta emboscada contra los empleados de la empresa Pagoda el 27 de noviembre de 2007, cuando unos 250 policías, entre ellos fuerzas especiales de Mendoza y Córdoba, procedieron al desalojo de planta Textil Pagoda. El procedimiento terminó con decenas de empleados heridos y denuncias judiciales que duermen sin definición.
En mayo de 2008, el ministro López condecoró a los policías que apresaron familiares y allegados a Elsa Ferrayoli y Esteban Quaranta, asesinados en abril de ese año, cuando aún no había una sentencia sobre el caso. De hecho, los detenidos recuperaron luego su libertad y fueron absueltos.
Cuando en diciembre de 2009 se acercaba su retiro del gobierno de San Luis, López dejó un reemplazante: Francisco “Pancho” Casares, otro militar retirado, para liderar el Instituto Policial de San Luis. Casares, como ya se dijo, es cuñado del general Osvaldo Montero, ex jefe de Inteligencia del Ejército, quien fue desplazado en noviembre del año pasado acusado de conspirar contra la ministra de Defensa Nilda Garré y denunciado por manejos non sanctos ante la Oficina Anticorrupción.
“De este gobierno se puede esperar cualquier cosa”
Julia Ruiz Biscontini estuvo detenida durante la dictadura militar, su esposo está desaparecido. Por su permanente lucha y compromiso social está al frente de la Asamblea Por los Derechos Humanos de Villa Mercedes.
“Me he vuelto medio obsesiva con relación a la vulneración de los derechos humanos y la actuación de los represores. Así me enteré de lo que pasó con Duret, su escape a Chile y la vinculación en el caso del director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis”, contó a este medio.
Dos «joyitas» del Proceso Militar
Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret. Están acusados por el secuestro, las torturas y el asesinato en 1976 de Carlos Alberto Labolita, militante de la Juventud Peronista visto por última vez en el centro clandestino que funcionó en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul. Los condenaron en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires, junto con Miguel Etchecolatz y el sacerdote en actividad Christian von Wernich.
Oriundo de Las Flores, Labolita tenía 23 años, estudiaba Sociología en la Universidad de La Plata y trabajaba en la petroquímica de Berazategui. Se había casado tres años antes con Gladis D’Alessandro. En los meses previos al golpe de Estado, por razones de seguridad, abandonaron su departamento y se alojaron en la casa de los santacruceños Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Después de un tiempo, nos fuimos a una pensión hasta el 24 de marzo. Ahí cada uno salió como pudo”
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