El régimen de los Rodríguez Saá a fondo

Populardesanluis@yahoo.com.ar

Mitos y verdades del modelo económico y social puntano

Publicado el 6 de Febrero de 2011 en Diario “Tiempo Argentino” y en Periodistasenlared.com.ar

Por Luciano Camargo

Su impulso industrial durante la década del 1980 signó a la provincia como emblema de obra pública y trabajo genuino. Hoy, decenas de miles de planes sociales apenas logran disimular una realidad de miseria, clientelismo y opulencia gubernamental.

Es habitual escuchar de boca de los turistas que San Luis parece “otro país”. También es habitual escuchar a Alberto Rodríguez Saá hablar del modelo puntano y de la posibilidad de exportarlo al resto de la Argentina. La idea de un San Luis “diferente y pujante” lleva a preguntarse por las características del modelo puntano y por su actualidad. ¿Qué tipo de país es San Luis y cuál es su modelo? ¿Se corresponde la imagen proyectada con su realidad actual?
La provincia de San Luis comenzó a cobrar notoriedad en los años ochenta. Fue una época donde la promoción industrial la convirtió en un destino atractivo para trabajadores del resto del país en medio de una crisis económica nacional en progreso. Durante esa década, y parte de la siguiente, la agenda de gobierno se centró en dos pilares básicos: la obra pública, principalmente vial y habitacional, y el trabajo genuino. A punto tal que durante el período 1999–2001, después de Santa Cruz, San Luis fue la provincia con menor desempleo de la Argentina y la de mayor cantidad de viviendas por habitante.
Esto comenzó a cambiar a finales de los ’90, y se consolidó a partir de 2003. La agenda del gobierno se modificó drásticamente. Las casas fueron remplazadas por los estudios de cine, estadios de fútbol, canchas de polo y casinos, y el empleo genuino se transformó en un megaprograma social, el Plan de Inclusión Social. Paralelamente comenzaron a hacerse habituales iniciativas poco frecuentes, como la contratación anual del Carnaval de Río, la construcción de una futurista Casa de Gobierno en forma de pirámide (cuyo costo fue de 350 millones de pesos, equivalente al 10% del presupuesto provincial), la instalación de la réplica del Cabildo de Mayo y la construcción de circuitos e hipódromos, entre otros.
A causa de esto, hoy se percibe una suerte de divorcio creciente entre la agenda del gobierno y la agenda de la gente. Las causas de este desacople se relacionan directamente con las características actuales del modelo puntano, observables en cuatro dimensiones.
La primera dimensión es la fiscal. En relación a esto se instaló la idea de que San Luis, con una coparticipación baja, realiza más obra pública que otras provincias. Pero si se toman los datos del Ministerio de Economía se observa que San Luis es la séptima provincia con la coparticipación per capita más alta del país. Y sus recursos provienen en un 75% de la coparticipación de impuestos nacionales. Otro componente a tener en cuenta es el asfixiante manejo de los recursos, ya que de un presupuesto de $ 4000 mil millones sólo se destinarán este año 235 millones a los 65 municipios de la provincia.
La segunda es la social. En lo que refiere a empleo, se ha buscado difundir la idea de que San Luis tiene la desocupación más baja del país. Si bien a primera vista la tasa es inferior al 2%, este cálculo considera como ocupados a las personas alcanzados por el Plan de Inclusión Social, que cuenta hoy más de 20 mil beneficiarios. Si a estas personas se las considera como lo que son, desempleados encubiertos que reciben su paga en bonos (cheques de inclusión) y sin ninguna clase de cobertura social, la tasa de desocupación en San Luis trepa a cerca del 30%. De esta forma, se convierte en una de las provincias con mayor desempleo encubierto del país.
Lo anterior se conecta con dos problemas laborales de fondo. Uno es la muy mala calidad de empleo. Según lo señala un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , en la última década San Luis se posicionó como una de las provincias con peor calidad de trabajo (junto a Salta y Santiago del Estero), con cerca del 50% de asalariados con ocupaciones informales,un 35% con empleos inestables y un 27% trabajando en planes de empleo.
El segundo problema, transversal a todo el empleo público, son los bajos salarios, los cuales por falta de paritarias se actualizan muy por debajo de la pauta de la inflación estimada por la Dirección Provincial de Estadísticas, calculada para el año 2010 en el 27%. El último aumento para empleados públicos fue escalonado del 10% en marzo y del 5% en octubre, aumento inclusive inferior al estipulado por la Nación , que fue de un acumulado del 21% para el año 2010.
Si bien la política de vivienda fue uno de los pilares del modelo puntano desde los años ochenta, su debilitamiento a partir de 2003 parece confirmar el viraje en las prioridades de gobierno. Según datos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación , entre 2003 y 2010, San Luis se ubicó en el 19º lugar en cantidad de viviendas construidas. La performance se tradujo en una nueva situación de déficit habitacional.
Por su parte, la salud está marcada por la precarización. Según un informe de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina , San Luis es la provincia con el mayor porcentaje de profesionales sanitarios precarizados, ya que el 90% se desempeñan bajo contratos por tres meses. Esto no solamente es fuente de desprotección e inestabilidad laboral, sino además impacta en lo salarial, haciendo de San Luis una de las provincias con más bajas remuneraciones en Salud. Según lo señalado por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud , últimamente, se aceleró la desaparición de gran parte de las especialidades médicas (por ejemplo hace poco la provincia se quedó sin oncología infantil en sus hospitales). La frecuente falta de insumos en los hospitales públicos completa el cuadro de precarización de la salud. San Luis presenta, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación , la tercera tasa de mortalidad materna de la Argentina y en 2007 llegó a tener la tercera tasa de mortalidad infantil, ubicándose hoy en el décimo lugar a nivel nacional.
En educación las cosas no parecen estar mucho mejor. El conflicto que el gobierno mantiene con el sector docente es de larga data y conlleva a la habitual la pérdida de días de clase, nuevamente, tiene raíz en las bajísimas remuneraciones. Según un informe de ASDE (Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales), los maestros con doble cargo perciben aproximadamente un tercio de lo percibido por igual carga horaria en la provincia de Buenos Aires. Esto es consecuencia de la prohibición del cobro del doble cargo docente en la provincia.
Esta situación se agrava además con el hecho de que San Luis es una de las provincias con el menor gasto en educación (12% del presupuesto total contra el 20% promedio del resto de las provincias). Como consecuencia, se hizo habitual la pérdida de días de clase y el incumplimiento de las 180 jornadas establecidas por la Ley 25.864.
Todo esto configura un escenario social muy complejo. La decisión del gobernador de ser el único mandatario del país en negarse a firmar el convenio con la ANSES para la implementación de la Asignación Universal por Hijo no pareciera aclarar el panorama.
La tercera dimensión es la institucional. Por un lado, la corrupción es un dato instalado y socialmente conocido en San Luis. Por otro lado, el sistema comunicacional está monopolizado por el régimen gobernante, cercenando la pluralidad de voces. El principal diario de San Luis (El Diario de la República ), es propiedad de Alberto Rodríguez Saá y está dirigido por la hija mayor de Adolfo. La tutela se extiende a radios y canales de TV. A su vez, el control sobre la justicia es casi explícito: llegando en su momento a exigir a los jueces la renuncia firmada con anticipación como requisito previo a la designación por parte del gobernador, llevando a un punto inédito a nivel nacional la intervención del poder político sobre la justicia.
Las tres dimensiones anteriores están muy relacionadas con la cuarta: la política. Los Rodríguez Saá gobiernan ininterrumpidamente desde 1983. ¿Cómo ha sido esto posible, aun en climas de descontento creciente?
Claramente, uno de los motivos es la apropiación del Estado. No hay en San Luis distinción alguna entre lo público y lo privado. El Plan de Inclusión Social y el empleo público son instrumentos de uso político que condicionan la libre elección de buena parte de los votantes. El segundo motivo, vinculado a todo lo anterior, es un sistema político muy desequilibrado, con un partido de gobierno hegemónico desde hace casi 30 años y una oposición que no ha sabido construir una opción consistente, seria y creíble de cara a la población. La habitual falta de ideas en materia de políticas públicas llevó a que la gente considerara que la oposición carece de propuesta alternativa y de fuerza para llevarla adelante. Frente a eso, la mayor parte de la población continuó optando por la continuidad de un modelo que parece agotado y en decadencia.