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Por
Dr. Alejandro Cacace
Con la discusión sobre el proyecto de ley de medios del gobierno nacional, se ha generado un intenso debate respecto a las políticas públicas sobre los medios de comunicación. Es innegable que la actual Ley de Radiodifusión debe ser modificada y que se debe procurar la pluralidad de voces y la diversidad de medios de comunicación, con una política adecuada de defensa de la competencia. El elemento central debe ser resguardar el derecho de todos a expresarse libremente y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y por cualquier medio. El Congreso tiene un rol central en proteger los espacios audiovisuales y la actividad de los medios de comunicación, que son una herramienta fundamental de la democracia en la publicidad de los actos de gobierno. La existencia de libertad de expresión en los medios de comunicación exige a veces la acción positiva del Estado para asegurar un marco que permita la existencia de una pluralidad efectiva de voces. Sin embargo, el gobierno no puede restringir la libertad de los medios sobre la producción de contenidos ni ejercer presiones indirectas sobre su línea editorial. Debemos ser políticamente cautos en evitar que detrás del debate público se oculten intenciones de control y concentración del poder por parte de los gobiernos.
El viernes 2 de octubre realizamos en San Luis una audiencia pública en la Legislatura sobre la ley de medios. Que sea ésta, una oportunidad también para discutir sobre la libertad de prensa en la provincia, ya que es a nivel local donde los medios sufren mayores presiones y discriminación. Debemos sancionar normas que regulen la distribución equitativa y sobre bases objetivas de la publicidad oficial, con el propósito de evitar que ésta sea utilizada de manera arbitraria y para favorecer a medios afines. Debemos regular también el conflicto de intereses para los casos como el de Berlusconi, donde es el propio gobernante quien controla los medios públicos de información y también es dueño de los principales medios de comunicación privados. Los medios de comunicación públicos o estatales también deben ser independientes, es decir, que promuevan políticas culturales de Estado, pero no los intereses del gobierno. Debemos, por último, sancionar normas que aseguren la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública para todos los ciudadanos.
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