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Habrá mas de 9 mil despidos en los
Pico y Pala y Seguridad Comunitaria
Por J. Chiclana
La mala administración de Alberto Rodríguez Saá sumado a los coletazos de la crisis internacional están llevando a una grave encrucijada a la Provincia de San Luis. Lo concreto es que las finanzas del Estado están por el suelo, hubo que recurrir a una moratoria de urgencia, no se dipusieron aumentos de salarios y para colmo se anuncian miles y miles de despidos para los próximos días. Sin duda que la actual administración ha realizado una tarea flojísima, dilapidación y malas inversiones se sumaron a gastos innecesarios y políticas erradas.
Ahora hay que pagar, y como siempre pasa, el hilo se cortará por la parte más débil: antes de fin de año diez mil personas del Plan de Inclusión y Seguridad Comunitaria quedarán en la calle.
El año que viene será durísimo. Y parece que se terminará el tiempo de tirar manteca al techo.
UNA MORATORIA DESESPERADA
El desfinanciamiento del Estado provincial ha llevado a Alberto Rodríguez Saá a hacer aprobar una ley de Emergencia Económica que le permitirá no solo cortar los pagos del Estado sino abrir camino a una amplia moratoria que abarcará Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos. La realidad es que casi nadie está pagando impuestos en San Luis. La manganeta de entregar créditos fiscales a cambio de un aumento solo permitió ganar tiempo ante la acuciante problemática laboral y social. Y ahora el problema recrudece pues el Gobierno recibe solo sus propios papeles.
En la desesperación por recaudar el Estado acepta el pago en 40 o 60 cuotas. Lo real es que poca plata queda en el Tesoro, la municipalidades están desfinanciadas y con deudas altísimas, todas las obras quedaron paralizadas salvo las dos que activan las empresas de los Hermanos, en la autopista del sur y la pirámide.
MILES DE TRABAJADORES EN LA CALLE
Lo más duro será lo que comenzó a anunciar la secretaria Sosa Araujo el día viernes: cerca de diez mil personas que están en empleos basuras serán expulsadas para «racionalizar la administración». Y de 24 mil «picos y palas» quedarán solo 15. El tema no debe llamar la atención; el Gobierno estaba ya despidiendo gente todos los días; y se suma esta «limpieza» a los echados luego de la justa electoral que fueron muchos centenares -como 65 nada más que en Villa General Roca y el Suyuque-, casi todos ellos por represalias políticas.
Si a estas graves amenazas le sumamos los despidos que realiza la intendente Alicia Lemme, y que son permanentes, y los que ocurren en el circuito fabril, nos encontramos con un panorama desolador. El costo social es inmenso, y los barrios periféricos, como el Primero de Mayo y Plan Lote seguirán llenándose de «construcciones» de nylon y cartón.
El hecho por de pronto no parece molestar en demasía al hermanato gobernante, que poca preocupación pone por afrontar los verdaderos problemas sociales o ponerlos a consideración de la sociedad. No es raro ver en el frente de sus medios de comunicación bobadas insignes, como dos chicos de una escuela tomándose a cintazos.
El año próximo se presenta muy feo para nuestra comunidad. Crecerá la turba de desocupados y de jóvenes sin trabajo ni porvenir. Y de los trabajadores descontentos por los salarios de hambre.
¿Es que también entre nosotros terminaremos a los cintazos?
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