Lavado de manos en Diputados

Sigue el conflicto social
de los vecinos de los
departamentos de UPCN

Los vecinos de los Departamentos de UPCN de Juan Koslay consideran «un lavado de manos» el dictamen que presentó este honorable cuerpo recientemente.
Recién ayer, algunos periodistas pudieron tener acceso a este documento, que nada dice sobre el fondo del cuestinoamiento. Habida cuenta que no se investigó como correspondía, solo atinaron a recibirlos y elevar este tibio dictamen para cumplir con formalidades, pasándole la pelota a la Defensoría del Pueblo.
Los vecinos habían acudido a ellos en el mes de agosto y tras varias horas de espera, finalmente habían logrado que los atendieran y fue allí cunado les entregaron una nota, donde les solicitan que investiguen a fondo el accionar de los administradores, ya que hay evidencias de manejo espurio desde los comienzos.
Qué hizo la comisión?

En Diputados, al igual que en todas las cámaras del país, sus tareas se dividen en comisiones. Para este caso actuó la comisión de Viviendas compuesta por un presidente y ocho vocales. Horacio Vivas (presidente), María Rosa Torres, Milo Vilchez, Héctor Hernández, Augusto Alume, Juan José Dasso, Edgardo Ciccone, Mónica Rutti y Héctor Berro.
«Yo he estado faltando, hace mucho que he perdido contacto con esa comisión» expresó la diputada Torres cuando El Popular le preguntó sobre la investigación realizada.
«Yo tuve mucho trabajo en el tema de los ambientalistas» dijo Milo Vílchez.
«Yo sí, yo los atendí a todos y fui quien hizo este dictamen» dijo el diputado Vivas. En fin, bla, bla, bla...

Qué fue lo que no se investigó?

Paralización de obras, contratos mal hechos, depósitos realizados y sus cotejos con los balances de la empresa, etc, etc.
Hay denuncias concretas de vecinos que dan fe de haber sido sobornados por miembros de esta administración, «Te podemos dar una casa en La Punta para que abandones el juicio» le habrían dicho a uno de los socios.
Nadie sabe con certeza a cuánto asciende el dinero abonado en cuotas durante 20 años, ni en qué se invirtió.
Otro tema relevante que tampco investigaron los diputados, fue la falta de Personería Jurídica de esta pseudo administración, elemento fundamental en toda asociación, destacando que la Ley provincial establcce que debería estar inscripto a los efectos de controlar, para establecer los términos de los balances, etc, etc.

La voz de uno de los damnificados

Miguel Guerrero, uno de los socios expresó su enojo tras conocer el tibio dictamen: «Estos legisladores puntanos no se comprometieron con la causa, no se investigó, a pesar haberles aportados pruebas cómo años, la obra paralizada, pero sí, los administradores cobraban mensualmente sus cuotas a los respectivos socios. Es una clara muestra de la falta de compromiso».
Otro vecino del UPCN coincidió en que estos diputados no han puesto el ojo en aquellas asambleas que realizaban los administradores con balances aprobados y reforma de estatuto con sólo la presencia insignificantes de 9 a 10 socios, según consta en actas certificadas por escribanos.
En definitiva el conflicto social continúa con los peligros de desalojo, con los mismos administradores en sus cargos y una masa mayoritaria de socios sin sus respectivos departamentos y sin lograr que se les devuelva el dinero aportado durante tanto años.