Los juicios de Lesa Humanidad hacen historia
La Plata, 28 marzo (GEI) –La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final provocó que un gran número de las causas pe-nales que se habían abierto con el fin de investigar los hechos cometidos durante la última dictadura militar quedaran paralizados, hasta que, e
n cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino garan-tizara los reclamos de verdad, se realizaron los procesos conocidos como juicios de la verdad.Así transcurrió una primera etapa, en la que se consideró suficiente el mero «escla-recimiento» de los hechos como forma de cumplimiento de los deberes (y las facultades) del Estado argentino en esa dirección. Y, más tarde, en el juicio contra «Simón, Julio Héctor», declaró la incons-titucionalidad de las leyes 23.492 (punto final) y 23.521 (obediencia debida), negándole a dichas normas cualquier efecto que pudiera oponerse al avance de los procesos o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizara las investigaciones en curso.
Ello significaba que quienes habían resultado beneficiarios de tales leyes ya no podrían invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada, pues (de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) tales principios no podían convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas ni para la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca.
Una Ley y los juicios
Más cercano en el tiempo, el Congreso Nacional, en el año 2003, dictó la ley 25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declaraba insanablemente nulas las leyes en cuestión. A partir de esas decisiones se produjo la apertura y avance de una gran cantidad de causas en todo el país y, con ello, una serie de requerimientos por parte de los magistrados encargados de su tramitación.
En total, hay en todo el país 273 condenados por causas de lesa humanidad, según un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación y coordinada por Jorge Auat y Pablo Parenti.
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