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Elevó un informe que dice que el aumento de bienes de Adolfo es «inconsistente» y que Alberto no declaró todo lo que tiene
Los datos fueron enviados al juez Galeano el 19 del mes pasado. Funcionarios judiciales y del Ministerio Público coincidieron en que la información es «lapidaria»
El crecimiento patrimonial del ex presidente y actual diputado nacional Adolfo Rodríguez Saá no es consistente con sus ingresos lícitos declarados; su hermano Alberto, el gobernador de San Luis, también afronta dificultades: no declaró todo lo que tiene y lo que sí detalló se contradice con otros documentos presentados.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a esas conclusiones tras evaluar la información que recopiló el juez federal Juan José Galeano en la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de los poderosos hermanos puntanos.
Una especialista del Departamento Penal Tributario de la AFIP, Margarita Galletto, entregó su informe contable el 19 de agosto último, pero quedó envuelto entre los expedientes que Galeano elevó a la Cámara Federal por un incidente de nulidad.
Galeano tenía previsto, antes de presentar su renuncia como juez federal por la causa AMIA, avanzar sobre el binomio de San Luis para requerirles que justifiquen su evolución patrimonial, aun cuando el fiscal federal Jorge Di Lello entiende que aún es prematuro.
Galletto remarcó que su informe no llega a ser un peritaje contable porque faltan datos y registros que permitan cruzar información. Aun así es lapidario, coincidieron funcionarios judiciales y del Ministerio Público consultados por LA NACION.
Primero apuntó al fugaz ex presidente: «Prima facie no hay consistencia entre el incremento patrimonial en bienes, rodados y participaciones accionarias desde la primera declaración jurada de bienes aportada por la AFIP (1990) con los ingresos de cuarta categoría declarados. No declara ingresos exentos», expuso.
También confrontó lo declarado sobre sus participaciones accionarias. «Se necesita mayor información societaria y los registros contables (con su documentación respaldatoria) para poder controlar la inconsistencia entre lo declarado y los movimientos de fondo bancarios en períodos anteriores al 2000», reclamó.
Cosa juzgada
La réplica al informe que dio Adolfo Rodríguez Saá, que ocupó cargos públicos desde 1983, sorprendió a los investigadores. Cuatro años después de la apertura de la causa 10.820/00 pidió su cierre por «cosa juzgada», al sostener que ya había sido investigado y sobreseído dos veces por la justicia puntana (sobre lo que se informa por separado).
«Las dos causas judiciales invocadas por Adolfo Rodríguez Saá para eludir la investigación, y en las cuales los jueces de San Luis ya le habrían otorgado un «certificado de honestidad», se parecen mucho a una típica maniobra de «autoimpunidad» con la que las dictaduras latinoamericanas han intentado evitar posteriores investigaciones judiciales», comentó a LA NACION el dirigente opositor Juan José Laborda Ibarra.
La justicia federal porteña no sólo lo investiga; en rigor, le imputa ser uno de los presuntos testaferros de su hermano Alberto Rodríguez Saá, el actual gobernador.
Entre los bienes de quien ocupó la Casa Rosada por siete días en diciembre de 2001 figuraban un departamento porteño en la calle Libertad al 1200 e inmuebles en la capital puntana y en la localidad de Durazno.
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