*Alejandro Cacace es Presidente de la Juventud Radical y autor del libro «Cómo revertir la crisis educativa argentina»
Debemos hacer de la educación una prioridad en San Luis
Si algo queda claro del conflicto del gobierno provincial con los docentes, que tiene preocupada a toda la sociedad sanluiseña, es que para el gobernador de la provincia la educación no es una prioridad.
Es cierto que debiéramos estar discutiendo sobre la calidad educativa en la provincia. En efecto, hay algunos datos alarmantes: entre un 40% y 49% de los alumnos de primaria, de acuerdo al año, tienen un desempeño bajo en ciencias naturales; entre un 53% y 69% de los alumnos de secundaria tienen un desempeño bajo en matemática. Estos son los datos del último Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa publicados en diciembre pasado que, aunque reflejan que ésta es una preocupación en todo el país, muestran también que San Luis está peor que la media.
Sin embargo, el logro de la calidad educativa requiere de recursos y el gobernador no está dispuesto a asignárselos a la educación. Mientras que el promedio entre las provincias argentinas es destinar el 27,4% de los recursos presupuestarios a educación (con algunos distritos por encima, como Buenos Aires con el 37,2% y Santa Fe con el 35,6%), la Provincia de San Luis no cumple con lo prescripto en la Constitución provincial, el artículo 78 que exige la asignación al presupuesto educativo de al menos el 23% de los recursos fiscales de la Provincia. El gobernador, en cambio, repetitivamente trata de justificar su incumplimiento destinando ese porcentaje al área de educación, cultura, ciencia y tecnología, que comprende otros programas distintos de la educación primaria y secundaria (responsabilidad fundamental de la provincia), particularmente los eventos culturales que la provincia celebra y tanto promociona. Ello se agrava por la fuerte subejecución presupuestaria real, como en el último ejercicio analizado por la cuenta de inversión, el del año 2008, donde de cada 10 pesos asignados a infraestructura educacional, 7 fueron a parar a otro lado.
Las provincias y la Nación decidieron en 2005 hacer un esfuerzo compartido para financiar el sistema educativo, y de allí surgió la Ley Nacional 26.075, que establece obligaciones para ambas. San Luis es la última de las provincias argentinas, el distrito número 24, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. En una nota del 1 al 10, la gestión educativa de la provincia ha sido reprobada con un 3 y con un 4 en los años 2008 y 2009, respectivamente, por el Barómetro del Financiamiento Educativo, por incumplir por los mayores márgenes del país las metas de financiamiento educativo. Esto es lamentable para una provincia que está entre las que más recursos fiscales por habitante reciben de la Nación por vía del régimen de coparticipación.
La nueva Ley General de Educación establece objetivos que la comunidad educativa reclama hace tiempo. Debemos lograr en la práctica extender el acceso a la educación secundaria; debemos asegurar la continuidad de los 20 mil adolescentes sanluiseños que han hecho la escuela primaria pero no están cursando la escuela secundaria. Debemos cumplir con la meta de 180 días de clases anuales, ya superada en otros países, y extender la jornada educativa para complementar la educación con actividades extracurriculares. Debemos reconocer y pagar a los docentes por horas de trabajo institucionales (tutorías, planificación de clases, corrección de exámenes). Todo ello exige de un presupuesto educativo con recursos, y por eso es que debemos luchar en San Luis.
Es cierto que debiéramos estar discutiendo sobre la calidad educativa en la provincia. En efecto, hay algunos datos alarmantes: entre un 40% y 49% de los alumnos de primaria, de acuerdo al año, tienen un desempeño bajo en ciencias naturales; entre un 53% y 69% de los alumnos de secundaria tienen un desempeño bajo en matemática. Estos son los datos del último Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa publicados en diciembre pasado que, aunque reflejan que ésta es una preocupación en todo el país, muestran también que San Luis está peor que la media.
Sin embargo, el logro de la calidad educativa requiere de recursos y el gobernador no está dispuesto a asignárselos a la educación. Mientras que el promedio entre las provincias argentinas es destinar el 27,4% de los recursos presupuestarios a educación (con algunos distritos por encima, como Buenos Aires con el 37,2% y Santa Fe con el 35,6%), la Provincia de San Luis no cumple con lo prescripto en la Constitución provincial, el artículo 78 que exige la asignación al presupuesto educativo de al menos el 23% de los recursos fiscales de la Provincia. El gobernador, en cambio, repetitivamente trata de justificar su incumplimiento destinando ese porcentaje al área de educación, cultura, ciencia y tecnología, que comprende otros programas distintos de la educación primaria y secundaria (responsabilidad fundamental de la provincia), particularmente los eventos culturales que la provincia celebra y tanto promociona. Ello se agrava por la fuerte subejecución presupuestaria real, como en el último ejercicio analizado por la cuenta de inversión, el del año 2008, donde de cada 10 pesos asignados a infraestructura educacional, 7 fueron a parar a otro lado.
Las provincias y la Nación decidieron en 2005 hacer un esfuerzo compartido para financiar el sistema educativo, y de allí surgió la Ley Nacional 26.075, que establece obligaciones para ambas. San Luis es la última de las provincias argentinas, el distrito número 24, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. En una nota del 1 al 10, la gestión educativa de la provincia ha sido reprobada con un 3 y con un 4 en los años 2008 y 2009, respectivamente, por el Barómetro del Financiamiento Educativo, por incumplir por los mayores márgenes del país las metas de financiamiento educativo. Esto es lamentable para una provincia que está entre las que más recursos fiscales por habitante reciben de la Nación por vía del régimen de coparticipación.
La nueva Ley General de Educación establece objetivos que la comunidad educativa reclama hace tiempo. Debemos lograr en la práctica extender el acceso a la educación secundaria; debemos asegurar la continuidad de los 20 mil adolescentes sanluiseños que han hecho la escuela primaria pero no están cursando la escuela secundaria. Debemos cumplir con la meta de 180 días de clases anuales, ya superada en otros países, y extender la jornada educativa para complementar la educación con actividades extracurriculares. Debemos reconocer y pagar a los docentes por horas de trabajo institucionales (tutorías, planificación de clases, corrección de exámenes). Todo ello exige de un presupuesto educativo con recursos, y por eso es que debemos luchar en San Luis.
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