DIA DE LA MEMORIA

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Mártires olvidados y funcionarios de hoy, que deberían tener fresca memoria

S L. Villa Mercedes. En un acto con escasa presencia de público y nutrida participación de empleados y funcionarios municipales, Concejales, Diputados Provinciales, además de la intendenta, Blanca Pereyra y el vicegobernador de la provincia de San Luis, Jorge Luis Pellegrini, se realizó el acto recordatorio del 24 de marzo de 1976, en la plaza del Barrio Jardín del Sur de la ciudad de Villa Mercedes. Minutos antes, a las 11 hs., se había colocado una ofrenda floral en el monolito del cementerio municipal que preserva la memoria de las víctimas del terrorismo de estado durante la última dictadura militar.
Durante el acto se descubrió una placa, se plantó un árbol y luego se escucharon las palabras de un familiar de un desaparecido, de la Intendenta y del Vicegobernador.
Habló el profesor Julio Mansilla, hermano de Carlos Luis Mansilla, desaparecido el 29 de septiembre de 1978, elevando severas críticas al gobierno provincial y aludiendo al conflicto que mantiene con el sector gremial docente y que ha impedido el comienzo de las clases hasta la fecha. Un pequeño número de docentes presentes, aplaudió con vehemencia algunos pasajes del discurso de Mansilla, pero se retiraron antes de la intervención de los restantes oradores.
La Intendenta leyó un discurso que ya traía escrito, pero el Vicegobernador, improvisó su alocución con lo cual, intentó contestar algunas de las críticas vertidas.

Auténtica expresión en el Día de la Memoria

El profesor Mansilla dijo: "Como hermano de una víctima del terrorismo de estado, he sido puesto en este lugar para expresar palabras recordatorias y alguna reflexión sobre la realidad que nos toca vivir. Lo voy a hacer ejerciendo en forma responsable e insobornable mi libertad de pensamiento. No es ésta la primera vez que expreso mi forma de pensar.
Muchos conocen mi participación en grupos de opinión política. También mi larga trayectoria como militante y dirigente en el gremialismo docente.
Como periodista, más de cien artículos publicados en el Diario El Popular de San Luis y otros medios gráficos o digitales, testimonian mis opiniones, a veces con el seudónimo de Juan Cuq y otras con mi nombre y apellido. Estos datos, bastante conocidos, me liberan de la posibilidad de producir sorpresas de último momento.
Al recordar un año más la triste jornada del 24 de marzo de 1976, vuelven los recuerdos de los hechos que estaban sucediendo desde mucho antes.
La caída de la dictadura de Lanusse había tenido ya un alto costo de sangre.
Las detenciones ilegales habían cobrado la vida del obrero Felipe Vallese en 1962 y desde 1970 habían recomenzado e iban en aumento.

Sólo para recordar algunos casos:

-. Carlos Della Nave, detenido-desaparecido el 16 de marzo de 1970. El mismo día Alejandro Baldú, trata de obtener datos sobre Carlos Della Nave y también desaparece.
-. El 30 de marzo de ese año, Yuri Pirvarov, logra resistirse a un intento de secuestro en el que se comprueba la participación de Carlos Benigno Balbuena, subinspector de la Policía Federal.
-. Héctor Polino es secuestrado el 26 de noviembre e interrogado durante nueve horas.
-. El 16 de diciembre desaparecen el abogado Néstor Martins y su cliente Nildo Zenteno Delgadillo.
Durante 1971, el procedimiento se ejecuta en forma sistemática:
Todos los meses se producen casos de procedimientos ilegales.
-. El 7 de julio intentan raptar al abogado Roberto Quieto. El vecindario llama a un patrullero y los frustrados secuestradores son identificados como policías. Quieto queda detenido a disposición del PEN.
-. El 13 de julio son secuestrados Juan Pablo Maestre y Mirta Elena Misetich. Días después, la policía de Escobar encuentra el cuerpo de Maestre, pero no quedan rastros del paradero de la mujer.
Y sigue la lista de mujeres y hombres que son secuestrados y que, en algunos casos son liberados después de haber sido sometidos a torturas, en otros son reconocidos como detenidos y otros aparecen muertos o directamente nunca más se sabe de ellos.
También en julio de 1971, Diana Alac, Marcelo Verd, su esposa Sara Eugenia Palacio de Verd y sus dos hijas, Patricia de 5 años y Mariana de 6.
En agosto, entre otros casos, Susana Caride. En septiembre, sólo por mencionar uno, Luis Enrique Pujals.
En Octubre, Noviembre y Diciembre: obreros, abogados, maestras, periodistas y hasta el sacerdote Eliseo Morales.
Quizás canse escuchar la sucesión de nombres y apellidos, pero se hace necesario dar entidad a lo que en otras ocasiones se dice, casi como frase hecha, «la represión ilegal empezó antes del 24 de marzo de 1976». La afirmación es cierta y aquí le queríamos dar un contenido concreto, con casos definidos. Algunos recordados, otros olvidados o perdidos en los pliegues de la historia.
El 15 de diciembre de 1971, el abogado defensor de presos políticos, Roque Bellomo, logra una audiencia con el entonces ministro del Interior, Arturo Mor Roig, y escucha de voz del ministro la confirmación de que ésta es una decisión política del gobierno militar: «Mire doctor –dice Mor Roig- no hay que ser angelicales ¿le parece que se pueden aplicar métodos legales cuando tenemos que enfrentar a elementos sofisticados?» Así queda claro: al finalizar el año 1971, el Terrorismo de Estado está instaurado. Las acciones no provienen de «grupos descontrolados», ni constituyen «indeseados excesos» de las fuerzas de seguridad, por el contrario, sistematizan la represión que el régimen necesita aplicar, para llevar adelante sus políticas de entrega económica y sometimiento del pueblo.
Al día de hoy han pasado muchos años, pero todavía recordamos a los presos fusilados en Trelew y tantos otros hechos que se cometían con la impunidad que otorga la fuerza de las armas y la complicidad de instituciones, como la Iglesia Católica y muchas de las organizaciones gremiales nucleadas en la CGT, cuya dirigencia no sólo callaba, si no que hasta en algunos casos, alentaba.
La masacre producida contra el pueblo movilizado en Ezeiza, el 20 de junio de 1973 y el agravamiento de la situación posterior, con la actuación de las tres A, son la continuidad del accionar de los sectores reaccionarios que nunca se resignaron a entregar el poder, ni aceptaron el funcionamiento del sistema democrático.
Cuando el 24 de marzo de 1976 cayó el gobierno de Isabel Martínez, los mecanismos represivos ya estaban estructurados para producir el genocidio de las dimensiones escalofriantes que hoy todos ya conocen.
Por la incansable lucha de los organismos de Derechos Humanos, muchos de los responsables y ejecutores de la represión ilegal están siendo juzgados, después de vaivenes como el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, los juicios por la Verdad, la reapertura de las causas y la derogación de las leyes de la impunidad. Es por ello que un poco de Justicia llegó por San Luis, cuando se logró que fueran condenados cinco represores, a prisión perpetua en cárcel común.
No han sido juzgados y condenados todos los que actuaron. Tampoco se ha llamado a que rindan cuentas quienes azuzaban a los represores, los que usaban un teléfono o mandaban un escrito, para pedir que detuvieran a un estudiante o a un empresario. Baste mencionar una carta, por todos ya conocida, que fuera enviada al almirante Massera, siniestro personaje, firmada por veinticuatro ciudadanos de San Luis, en la que requerían de las autoridades «la investigación exhaustiva y en su caso el castigo ejemplar» hacia personas de nuestra provincia.
También el caso que denunciara precisamente uno de los condenados, el ex-militar Fernández Gez, cuando testimonió que el entonces Obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, le solicitó que detuviera e hiciera desaparecer a un cura que había abandonado los hábitos. Actitud coherente de aquel pastor religioso que en la entrada de su despacho exhibía sin pudor un cartelito que decía: «No se atiende a madres de subversivos».
Pero la violación de los Derechos Humanos no se ha producido solamente en los gobiernos militares. El sistema económico y social neoliberal, reinante en plena democracia, instaura el no respeto de derechos inalienables que tienen los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos del país. Y hay gobernantes que se encargan de asegurar que ese sistema se sostenga contra todo reclamo.
En la ciudad de La Punta, donde hay dos escuelas primarias y una secundaria para 3600 chicos, motivando que más de 2000 tengan que viajar diariamente hasta San Luis para poder estudiar, se construye una réplica del Cabildo con un costo de más de diez millones de pesos. Sin embargo, cuando los maestros ejercen su derecho de huelga para exigir que se cumpla con el mandato constitucional de que, a igual trabajo, igual salario, el gobierno muestra una preocupación por las clases de los niños que no muestra en sus políticas.
En una provincia que exhibe una franca precariedad de funcionamiento del sistema sanitario, se dilapidan millones de pesos en traer comparsas brasileñas de muy dudoso gusto y calidad y se construyen pirámides fastuosas para instalar oficinas públicas.
No sólo en San Luis se producen estos lamentables hechos que señalamos, también ocurren en otros puntos del país, pero nosotros vivimos aquí y denunciamos a éste, nuestro gobierno provincial. Porque tiende alfombras rojas y paga cifras millonarias a personajes foráneos que vienen a vender buzones, Sanfilipo por mencionar sólo uno, mientras mantiene los sueldos de los empleados estatales entre los más bajos del país.
Aludir a estas situaciones NO es irse por las ramas. Sólo intenta remarcar ciertas posturas, ensayadas para cumplir con las apariencias. Tenemos el derecho de manifestarnos y tratamos de ejercerlo con verdades incontrastables. Tenemos el derecho de elevar nuestra crítica severa antes de cumplir el simple rol de cartones pintados para la foto de los funcionarios.
Para terminar, deseo rescatar la figura de uno de los desaparecidos de San Luis, que figura en las listas con el único dato de ser «oriundo de Villa Mercedes».
El joven José Oscar Robustelli
Nació el 9 de abril de 1954, en Junín. Cursó sus estudios primarios en esa ciudad y luego hizo 1° año en la Escuela Industrial de Laboulaye. Su padre era trabajador ferroviario y por lo tanto periódicamente era trasladado a otras ciudades.
Desde 2° año de la secundaria asistió al Colegio Nacional «Juan Esteban Pedernera» de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, ciudad donde se había radicado la familia a fines de 1968.
A partir del año 1972 vivía en La Plata y estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de esa ciudad.
Fue detenido y luego desaparecido el 15 de diciembre de 1976, cuando tenía 22 años. El hecho ocurrió en la calle 13 entre 80 y 81 de la ciudad de La Plata.
El repaso de los datos sobre la desaparición del «Gallego», como lo apodaban sus amigos de Villa Mercedes, tiene la intención de brindar información que parece no haber sobre algunos casos y que es imprescindible incorporar en los archivos de una ciudad que ha sabido rescatar para la memoria, colocando los nombres de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de estado, en algunas de sus calles. Gesto que ennoblece aspectos de la función gubernativa y que los familiares reconocemos y agradecemos.