San Luis 7 Marzo 2010. Con el allanamiento realizado a la Asociación Bancaria el día 2 de marzo se han violentado garantías constitucionales, como las de la Ley 23551, y pactos internacionales, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ese allanamiento era innecesario, puesto que lo requerido en ese procedimiento fue puesto, por escrito, a disposición del Señor Juez en enero del corriente año, oportunidad en que se solicitó se integrara un equipo de peritos designados por la Justicia para que realizara una auditoría.
Sin perjuicio de ello, de manera absolutamente transparente, hemos puesto a disposición del Juez y de los funcionarios actuantes toda la documentación requerida, con una total disponibilidad de los trabajadores de la Asociación Bancaria para que pudieran cumplir con su cometido. Surgió del procedimiento que en la Asociación Bancaria no funciona ningún fideicomiso, no existe depósito de medicación alguna, no se encontró medicación adulterada o vencida y que – tampoco – está en nuestro poder OPIG (obligaciones de pago intransferibles) alguna.
Ese allanamiento no corresponde puesto que la Asociación Bancaria y la Obra Social Bancaria son dos personas jurídicamente distintas.
Este allanamiento constituye una nueva agresión contra la Asociación Bancaria, montada sobre una fuerte campaña mediática que nuevamente tiene lugar cuando nos aprestamos a discutir la renovación de los acuerdos salariales y se realiza una convocatoria a elecciones, en este caso de comisiones gremiales.
El allanamiento fue previamente anunciado por un siniestro personaje, que con absoluta regularidad anticipa las decisiones del Juzgado actuante, y hoy promueve la intervención de nuestra organización sindical, a pesar de que se sabe que la Asociación Bancaria funciona con absoluta normalidad.
En cuanto a la situación del Secretario General de la Asociación Bancaria, Cro. Juan José Zanola, siempre ha estado a disposición de la justicia y no está condenado por delito alguno. Los primeros interesados en que la Justicia se expida, es él mismo y esta Asociación Bancaria, que en su caso actuará como corresponde contra cualquier persona que haya delinquido contra la organización sindical o nuestra obra social. No menos cierto es que, por ello, su prisión es injusta, que afecta su salud, que por su edad debiera garantizársele la prisión domiciliaria que los jueces sí le garantizan – solo por edad - a represores responsables de crímenes aberrantes durante la Dictadura, o la exención de prisión que se les otorga a notorios Jefes de campos clandestinos de detención donde desaparecieron miles de argentinos.
En relación a esta situación agradecemos expresamente la solidaridad recibida de las organizaciones sindicales hermanas, y de la Unión Network Internacional que nuclea a sindicatos del sector financiero y servicios diversos en el ámbito mundial.
Finalmente, nos resistimos a convencernos, pero ya no nos cabe ninguna duda: a los poderosos, a los que tienen por único partido el dinero, les ha molestado la fuerza gremial con que la Asociación Bancaria defiende los intereses de los bancarios. Han dolido especialmente el accionar gremial de decenas de miles de bancarios durante los meses de abril y mayo de 2009, nuestro respaldo a una política social y económica que garantizó la serie más larga de negociaciones paritarias que ha conocido nuestro país – siete años –, nuestro reclamo del cumplimiento del aporte establecido por el Art. 17 inc. F) de la Ley 19322 vigente y nuestra exigencia – durante todos los gobiernos – de reforma de la legislación financiera que impusieran la Dictadura, Martínez de Hoz, Menem y Cavallo, junto a nuestra oposición a la derogación de la denominada Ley de Subversión económica con el inconfensable fin de eximir de responsabilidades a quienes saquearon a la Argentina y quebraron el sistema financiero.
No hay presión alguna, mucho menos si se pretendiera la extorsión, que nos haga cejar en nuestro objetivo excluyente a lo largo de 85 años: los derechos de los trabajadores bancarios y la Justicia Social-
Por ello, y debido a que – pretendiendo aprovechar esta circunstancia – hay entidades privadas y públicas que no cumplen los acuerdos salariales y sobre condiciones laborales vigentes: haremos las denuncias pertinentes ante la Organización Internacional del Trabajo; ratificamos el estado de alerta y movilización; y convocamos al Plenario de Secretarios Generales para el día miércoles 10 de marzo de 2010.
populardesanluis@yahoo.com.ar
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